El colectivo Uni-Digna defiende un cambio hacia un sistema de reconocimiento de los méritos docentes e investigadores que fomente el servicio de la sociedad y no del negocio editorial
JOSE LUIS SAN FABIÁN MARÍA VERDEJA ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ
Dos de las tareas más relevantes de las universidades son la docencia y la investigación. La calidad y el equilibrio entre ambas funciones dependen en gran medida del sistema de evaluación al que son sometidas. La evaluación de las mismas es una exigencia de toda política educativa y de investigación para mejorar su calidad y equidad.
Pero toda evaluación tiene sus efectos, aunque no siempre sean los deseados. El punto nueve del reconocido Manifiesto de Leiden sobre indicadores de la evaluación, suscrito por la agencia nacional de evaluación Aneca, declara que deben reconocerse los efectos sistémicos de la evaluación y los indicadores, pues los indicadores que se utilizan cambian el sistema científico a través de los incentivos que establecen.
Macrogranjas de gallinas ponedoras de ‘papers’
De hecho, una mirada crítica sobre las universidades españolas muestra que estas se han convertido en “macrogranjas de gallinas ponedoras de papers”, como denuncian expertos y expertas: a día de hoy, lo que importa al personal investigador o docente universitario español es disponer de una cesta repleta de papers que cumpla con los requisitos de las agencias de evaluación (Delgado y Martín-Martín, 2022). El peso que se otorga a los méritos de investigación en forma de publicaciones en revistas es desmedido.
La investigación es la dimensión más valorada, con diferencia, por el sistema de evaluación académica. En consecuencia, el personal académico tiende a dedicar todos sus afanes a cultivar esta dimensión, orillando o abandonando, si llega el caso, aquellas actividades que puedan o se perciban como entorpecimiento: la mal llamada “carga docente” (denotación negativa asignada a la tarea docente), la extensión universitaria (la relación de la universidad con la comunidad social en la que está inmersa y a la que se supone que sirve) o la participación democrática en la gestión y funcionamiento de la propia universidad. El resultado es la desvalorización, subordinación y precarización de la docencia respecto a la investigación. Siendo la docencia universitaria una de las tareas esenciales de nuestras universidades, es la que menos se valora en la trayectoria de los profesores universitarios.
Además, este modelo de evaluación de la Aneca también devalúa la actividad investigadora universitaria, pues lo que se valora es la traducción cuantitativa de ella en formato de publicaciones citadas principalmente en dos plataformas privadas pertenecientes a multinacionales extranjeras: Clarivate y Elsevier. Estas multinacionales reciben cuantiosas remuneraciones por parte del erario público español para que sus accionistas sigan controlando y enriqueciéndose de la investigación de nuestras universidades, la cual ofrecemos gratuitamente aunque después tengamos que pagar por poder acceder a ellas. Un negocio privado redondo a costa de lo público.
Este mecanismo decidido por voluntad política de nuestros gobiernos, a través de la Aneca, convierte al docente-investigador en una especie de gestor emprendedor, obligado permanentemente a maximizar y rentabilizar sus creaciones o producciones investigadoras. Se acaba reduciendo el oficio investigador a una especie de operación de cálculo instrumental que organiza el trabajo científico y sus resultados en estructuras estandarizadas promovidas desde esas multinacionales extranjeras comercializadoras del conocimiento y validadas por las agencias de evaluación españolas.
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