“Se necesita una politización de la tecnología”

 

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Por David Arébalo para ANCCOM

¿Se puede vivir sin internet? Es una de las preguntas que se tornan cada vez más central a la hora de debatir sobre sus usos y accesos en el desarrollo de la vida de las personas. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto que internet es una herramienta necesaria para trabajar, para acceder a la educación y para sostener los lazos afectivos, entre otros servicios. En este contexto, el Gobierno nacional declaró públicos a los servicios de telefonía, internet y televisión paga, y busca regularlos a través del decreto 690/2020 y la Ley “Argentina Digital”. Natalia Zuazo, politóloga y autora de libros como Guerras de Internet y Los Dueños de Internet, reflexiona sobre esta herramienta, ahora concebida en el país como servicio público, las desigualdades ante la conectividad y las disputas de poder por el control y el negocio de los prestadores de las telecomunicaciones.

—¿Cómo caracterizás el servicio que provee internet?

Como un servicio público. Naciones Unidas considera, desde 2016, a internet como un derecho humano y esencial. La razón es que, sin la conectividad, no tenemos acceso a otros derechos humanos esenciales como trabajar, estudiar y pedir turnos de salud. Que la internet o la conectividad se declare servicio público es una prerrogativa de los Estados y que la Argentina la declare en este momento, desde el Ejecutivo, es un paso positivo porque vuelve a poner al actor estatal en la toma de decisiones en materia de telecomunicaciones. A esta política hay que acompañarla con otras medidas para ordenar el ecosistema entre el Estado y privados para brindar planes de internet de acceso para toda la comunidad. La cuestión de la conectividad es complicada cuando no se acuerda una conveniencia con los prestadores privados para garantizar una homogeneidad en todo el territorio del país. Internet tiene que llegar ya sea por el Estado, los privados o las cooperativas que no son los grandes prestadores. Me parece importante que el Estado recupere la soberanía, que es la capacidad de resolver problemas de intereses, y no dejar que las cosas sucedan laissez faire.

Seguir leyenda: la tinta

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Por David Arébalo para ANCCOM

¿Se puede vivir sin internet? Es una de las preguntas que se tornan cada vez más central a la hora de debatir sobre sus usos y accesos en el desarrollo de la vida de las personas. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto que internet es una herramienta necesaria para trabajar, para acceder a la educación y para sostener los lazos afectivos, entre otros servicios. En este contexto, el Gobierno nacional declaró públicos a los servicios de telefonía, internet y televisión paga, y busca regularlos a través del decreto 690/2020 y la Ley “Argentina Digital”. Natalia Zuazo, politóloga y autora de libros como Guerras de Internet y Los Dueños de Internet, reflexiona sobre esta herramienta, ahora concebida en el país como servicio público, las desigualdades ante la conectividad y las disputas de poder por el control y el negocio de los prestadores de las telecomunicaciones.

—¿Cómo caracterizás el servicio que provee internet?

Como un servicio público. Naciones Unidas considera, desde 2016, a internet como un derecho humano y esencial. La razón es que, sin la conectividad, no tenemos acceso a otros derechos humanos esenciales como trabajar, estudiar y pedir turnos de salud. Que la internet o la conectividad se declare servicio público es una prerrogativa de los Estados y que la Argentina la declare en este momento, desde el Ejecutivo, es un paso positivo porque vuelve a poner al actor estatal en la toma de decisiones en materia de telecomunicaciones. A esta política hay que acompañarla con otras medidas para ordenar el ecosistema entre el Estado y privados para brindar planes de internet de acceso para toda la comunidad. La cuestión de la conectividad es complicada cuando no se acuerda una conveniencia con los prestadores privados para garantizar una homogeneidad en todo el territorio del país. Internet tiene que llegar ya sea por el Estado, los privados o las cooperativas que no son los grandes prestadores. Me parece importante que el Estado recupere la soberanía, que es la capacidad de resolver problemas de intereses, y no dejar que las cosas sucedan laissez faire.

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