La digitalización global nos fuerza a repensar las realidades del empleo, la desigualdad y el bienestar social

 

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La revolución digital está dando lugar a una nueva sociedad. Las nuevas formas de trabajo exigen nuevos derechos y relaciones laborales; lo mismo ocurre con la competencia en los mercados de bienes y servicios, que requieren cambios en las regulaciones y derechos de protección de los consumidores, particularmente en lo que se refiere a la propiedad de los datos o a la privacidad personal. Algunas de estas realidades no van a encajar en la legislación que conocemos, y tratar de «estirarla» para regular nuevos métodos de producción, relaciones laborales y formas de interacción entre las empresas y sus clientes puede ser un esfuerzo en vano. Algunas innovaciones incluso van a chocar o lo están haciendo ya con los límites de lo que las sociedades consideran ético.

El contrato social y el Estado del Bienestar que surgieron tras la segunda revolución industrial fueron cruciales para asegurar la prosperidad de la mayor parte de las sociedades en las economías avanzadas y propiciar la Gran Nivelación. Con la revolución digital es necesario repensar y rediseñar ambos. A la revolución industrial 4.0 le corresponde un Estado del Bienestar 4.0 acorde a las nuevas necesidades sociales. No hacerlo posiblemente dé lugar a una contestación social que ponga en peligro el proceso mismo de cambio tecnológico, lo cual impediría que muchas de las tecnologías disponibles, que permiten aumentar la productividad o evitar actividades peligrosas o desagradables, lleguen incluso a desplegarse por la fuerte oposición de los que se sienten perjudicados por esos cambios.

El Estado del Bienestar va a estar sometido a fuertes presiones en el futuro inmediato, tanto en aquellos países que ya han alcanzado un nivel avanzado de protección social, como en los que este es menor, bien sea por decisiones sociales y políticas o porque su nivel de desarrollo económico no ha generado aún el excedente suficiente para dedicarlo a la redistribución. Por el lado del gasto es sobradamente conocida la presión adicional que la demografía va a imponer en muchas sociedades, especialmente en las más desarrolladas. A ello hay que añadir la necesidad de nuevos mecanismos de transferencias que el avance y sostenimiento de la sociedad digital va a requerir (algunas de las cuales han sido discutidas en páginas precedentes): algún mecanismo de renta complementaria, nuevas prestaciones sociales para combatir la desigualdad más extrema, la financiación de las políticas activas de empleo, de educación reglada y formación continua o la necesidad de dar cobertura a derechos sociales de trabajadores con una relación laboral distinta de la que ha sido predominante en el pasado. Además, el sector público va a estar presionado por la necesidad de invertir en una sustancial renovación de las infraestructuras existentes, así como de nuevas y masivas inversiones públicas necesarias para facilitar la reconversión del sistema productivo a uno más compatible con la sostenibilidad medioambiental y la generalización de la economía digital.

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