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Las fake news no son un fenómeno nuevo: los gobiernos, los partidos políticos, los medios de comunicación y las grandes corporaciones —o los monopolios de información equivalentes en cada época— han hecho siempre un uso interesado de ellas. ¿No es sospechoso, pues, que las políticas y las reformas normativas que se están proponiendo para combatirlas criminalicen las nuevas tecnologías y, en cambio, no hagan lo mismo con quienes se han dedicado a producir noticias falsas desde siempre? ¿Por qué en lugar de cortar el problema de raíz pretenden imponer a los ciudadanos recortes de la libertad de expresión e información?
