Hablamos de arreglarlas, pero no están rotas. Muy al contrario, las redes sociales cumplen los objetivos para los que fueron diseñadas: capturar atención, extraer datos y vender productos de manera barata, masiva y eficiente. Las funcionalidades que nos preocupan —la explotación política y económica de nuestros datos, la propagación de noticias falsas y la polarización de la sociedad— no son errores de diseño como refleja el reciente documental El dilema de las redes sociales (Netflix), sino efectos colaterales de un modelo de negocio incompatible con la salud democrática. Hemos tomado conciencia de ello, pero aún no sabemos qué hacer.
La reforma parece inevitable. El pasado octubre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó un informe de 450 páginas sobre el abuso monopolista de Google, Apple, Facebook y Amazon; y el Comité de Comercio del Senado interrogó a los jefes de Twitter, Google y Facebook sobre la norma conocida como Sección 230, que protege a las compañías de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios, incluidas las campañas de desinformación. En España, el Gobierno ha aprobado un Procedimiento de Actuación contra la Desinformación para “monitorizar y detener” esas campañas.
Son grandes gestos que transmiten un gran desencanto con la era del big data, pero que, de momento, carecen de medidas específicas para sanear la nube tóxica de la última revolución industrial. Estas cinco medidas podrían desatascar el proceso.
1. Comprar las plataformas
Europa tiene la ley de protección de datos más estricta del mundo, con la capacidad de poner multas de hasta el 4% del volumen de facturación anual de las empresas que se la saltan. Lamentablemente, la ley no se cumple, porque los organismos reguladores de la Unión Europea carecen de los recursos y del acceso necesarios para vigilar las infracciones de los gigantes tecnológicos. La solución más prometedora proviene de una fuente improbable: Donald Trump.
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