Sierra Aurken, Roncesvalles Labiano, María F. Novoa Jaso, Alfonso Vara
El panorama de los medios en España ha estado marcado por las presiones políticas, las disputas legales y los debates sobre la radiotelevisión pública. Las elecciones al Parlamento Europeo y los parlamentos autonómicos han intensificado las tensiones, y tanto el Gobierno como la oposición han recurrido a las acusaciones de desinformación como herramienta política. Mientras tanto, los cambios regulatorios y las intervenciones gubernamentales han motivado cierta inquietud sobre la libertad de prensa y sobre la independencia y la sostenibilidad económica de los medios.
La intromisión política en los medios ha suscitado preocupación en torno a la libertad de prensa en España. Tanto el Gobierno como la oposición se han señalado mutuamente por presionar a los periodistas y moldear las narrativas de los medios. El Gobierno distingue entre cabeceras tradicionales, a las que apoya, y los llamados “pseudomedios”, a los que acusa de promover los intereses de la extrema derecha. Para los medios críticos, la etiqueta se utiliza para desacreditar voces disidentes, tanto en la prensa tradicional como en las plataformas digitales, en especial las que cubren juicios que involucran a familiares del presidente del Gobierno y otros miembros cercanos al Ejecutivo.
Como parte de su Plan de Acción por la Democracia, el Gobierno ha destinado 124,5 millones de euros en subvenciones a los medios, oficialmente para apoyar la digitalización y el periodismo de calidad y permitirles competir contra los medios digitales, a los que el Gobierno acusa de ser más sensacionalistas. Otra medida controvertida es la propuesta de establecer un registro obligatorio que exigiría a los medios de comunicación revelar quiénes son sus propietarios y cuántos ingresos tienen por publicidad. Si bien el Gobierno la presenta como una iniciativa de transparencia, hay quienes advierten que podría emplearse para presionar a los medios críticos. Además, persiste la inquietud respecto a la creciente dependencia económica de la financiación estatal, lo que puede comprometer la independencia editorial.
Los cambios recientes en la propiedad de los medios han influido en el sector. A finales de 2024, tras un decreto ley (un proceso legislativo acelerado), José Pablo López fue elegido presidente de RTVE, la radiotelevisión pública española. La reforma aumentó el consejo de administración de 10 a 15 miembros, y redujo las condiciones de nombramiento por parte del Parlamento: de una mayoría de dos tercios pasó a una mayoría simple. También se fortaleció significativamente la autoridad del presidente y se recortó el papel de la junta en la toma de decisiones. Con un presupuesto anual de 1.200 millones de euros, 6.500 empleados y pérdidas por unos 30 millones de euros en 2024, López presentó un plan de reestructuración que incluyó la creación de una mesa central de información, reformas estructurales y una reducción del 15% de los puestos directivos. Sin embargo, voces críticas en los medios y en la política advierten que estos cambios sirven principalmente para consolidar la influencia del Gobierno en la radiotelevisión pública.
Uno de los cambios más notables en la televisión española ha sido la rivalidad entre dos programas de entrevistas muy populares: El Hormiguero , de Pablo Motos, y La Revuelta , de David Broncano. Este último se trasladó recientemente a RTVE, una decisión impulsada por José Pablo López cuando era director de Contenidos Generales de la cadena pública. El respaldo gubernamental al programa de Broncano y las condiciones muy favorables ofrecidas han generado especulaciones en torno a que su contratación forma parte de una estrategia mediática más amplia. Aunque inicialmente La Revuelta logró una participación de audiencia del 17,1% y estuvo cerca de superar a El Hormiguero , el programa de Motos solidificó su posición dominante en las noches televisivas, manteniendo su postura crítica hacia el Gobierno.
En España, los muros de pago representan un desarrollo relativamente reciente. En cuanto a la cantidad de suscripciones, El País sigue dominando con 400.000, seguido por El Mundo (163.000), La Vanguardia (145.000) y Expansión (110.000). A pesar de que el crecimiento es constante, gran parte se debe a las ofertas promocionales. En el sector de la prensa se han producido cambios significativos: Joseph Oughourlian, accionista mayoritario de Prisa, asumió la presidencia de El País en marzo de 2025, tras la dimisión de Carlos Núñez tras ser rechazados sus planes para lanzar un nuevo canal de TV abierta. Por otro lado, el grupo Vocento (propietario de ABC y de 18 periódicos regionales) ha cerrado su digital deportivo Relevo, lo que dejó sin trabajo a unos 72 periodistas y tuvo pérdidas por 92 millones de euros.
La inteligencia artificial está transformando el panorama. Según una encuesta de KPMG realizada este año a 60 ejecutivos de medios españoles, el 57% de los medios ya han incorporado herramientas de IA, mientras que el 37% planea hacerlo pronto. La IA se usa sobre todo para generar contenidos (68%), analizar datos (63%) y automatizar procesos editoriales y de producción (63%).
Por último, a pesar del aumento de la inversión publicitaria, persiste la inquietud con respecto a la sostenibilidad de los medios tradicionales. Entre los retos figuran el veloz desarrollo de la publicidad digital, el dominio de las plataformas tecnológicas globales y el cambio en los hábitos de los consumidores. En 2024, el mercado publicitario español experimentó un crecimiento moderado: la inversión total subió un 3,8% hasta los 13.080 millones de euros. La televisión mantiene su liderazgo (1.857 millones de euros, +2,1%), seguida de las búsquedas (977 millones de euros, +2,7%) y las redes sociales (856 millones de euros, +8,5%).
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