El derecho al acceso a los medios de comunicación, desconocido e infrautilizado

Por Redacción OCC InCom-UAB

La Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM) y Teletodos organizaron el debate “El derecho al acceso a los medios de comunicación. Asignatura pendiente”. En la conversación, moderada per Pedro Soler (Teletodos) y presentada por José Ignacio Pastor Pérez (ACICOM), participaron Alejandro Perales Albert, presidente de la Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC); Beatriz Blázquez Aparicio, periodista de RTVE (Radio Televisión Española) y adjunta del Observatorio de Igualdad de CRTVE; Bethlem Boronat Clavijo, docente en EAE Business School; Hugo Aznar Gómez, catedrático de Ética Pública y de la Comunicación en CEU-Universidad Cardenal Herrera; Javier Marzal Felici, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Jaime I; María Eugenia Lozano López, periodista de Telemadrid; y Maria Lamuedra Gravan, profesora titular de Periodismo en la Universidad de Sevilla. El encuentro, en modalidad online, se realizó el 25 de mayo de 2022.

Desde el primer momento quedó claro porqué el título del debate hablaba de una asignatura pendiente. El derecho al acceso a los medios de comunicación es un derecho constitucional que casi no se ha desarrollado ni aplicado en el Estado Español. Según Pedro Soler, “el derecho al acceso a los medios es uno de los asuntos de la comunicación audiovisual que está pendiente de desarrollo, no de regulación, y hay muchas cosas que se pueden hacer”. Ante esta situación, José Ignacio Pastor explicó que quería que el encuentro fuera “un espacio de defensa pública de los medios de comunicación y, a la vez, que sirviera para ayudar a generar conocimiento colectivo en una situación complicada”.

“¿En qué situación se encuentra el ejercicio a los medios de comunicación en España?” se pregunta Soler. Y “¿en qué hemos avanzado después de 43 años de su aprobación?”, añade el presidente de ACICOM. “Hace ya muchos años que este derecho está regulado, pero poco se ha hecho o se ha dejado hacer al respeto”, coinciden los dos panelistas.

Un derecho poco practicado

Ignacio Pastor define el derecho al acceso a la información como “aquello que tiene la ciudadanía para acceder a las páginas, micrófonos y espacios audiovisuales de los medios que dependen de instituciones públicas para exponer sus ideas, opiniones o puntos de vista sobre cuestiones que sean de interés general”. La base legal es el  artículo 20.3 de la Constitución Española, de un valor constitucional aprobado ya hace 43 años.

Según Pastor, el derecho al acceso a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía “es un derecho muy poco practicado” y añade también que “el derecho al acceso a la información es un derecho que tenemos como ciudadanos. Un servicio público debe ayudar a crear el denominado capital social. El derecho a la información es un derecho concomitante con el derecho al acceso: como ciudadanos y ciudadanos queremos acceder a puntos de vista que no sean los del poder, la industria, los gobiernos o los partidos, que tienen gabinetes de comunicación, sino de entidades sin afán de lucro que trabajan por el bien común y pueden servir también para crear la opinión pública o una opinión contrastada”.

Pastor, haciéndole como un pequeño homenaje, citó a Enrique Bustamante: “el servicio público no solo debe estar hoy al servicio de los ciudadanos, sino que debe ser la plataforma básica de expresión y comunicación directa de la sociedad civil”.

En este sentido, Alejandro Perales señala que “detrás del derecho a la información, que es un derecho activo, hay un derecho a la participación en el proceso comunicativo por parte de la sociedad”. Perales sitúa el problema explicando que durante 20 años no se ha hecho nada y, a partir de la aprobación de la ley de Radio Televisión Española, se pone en marcha el derecho de acceso, pero “lo hace de una manera formal con poca convicción y solo se cumplen unos requisitos mínimos” y, en consonancia con esto, algunas televisiones autonómicas, como en Andalucía, Cataluña o Madrid, también desarrollan unas directrices y reglamentos para este derecho de acceso.

La inmigración, una de las grandes olvidadas del derecho de acceso

María Eugenia Lozano López, periodista de Telemadrid, piensa que “el derecho de acceso será uno de los derechos que se pondrán todavía más en duda con las nuevas modificaciones legislativas y con los cambios que se acercan en la televisión pública tan maltratada”.

Como ejemplo de las prácticas habituales, Lozano apunta el caso de la comunidad de Madrid, donde hay una población de 7 millones de habitantes y el 15% son inmigrantes. “La inmigración es una de las grandes olvidadas respeto al derecho de acceso”, apunta. Lozano explica que no se ha dado voz ni a los movimientos asociativos organizados y, en el caso de los inmigrantes, se disponía de un programa marginal, Telenoticias sin Fronteras, que se emitía el domingo a las 8 de la mañana y se realizaba con muy pocos recursos. Lozano afirma que “después de seis años en el Consejo de Administración de Telemadrid, no se nos ha comunicado cómo se ha puesto en marcha el derecho de acceso” y su opinión es clara: “la situación del derecho del acceso en Radio Televisión Madrid es un espanto”.

No obstante, también es consciente de que esta situación también se vive en otras radios y televisiones públicas autonómicas. No es exclusiva de Telemadrid. Coincidiendo con Perales, Lozano cree que el derecho de acceso es un derecho reconocido desde hace muchos años, pero al que no se le da importancia. De alguna manera, según Lozano, esta importancia acaba en manos de la buena voluntad que el director general le quiera dar.

Buenas praxis, pero con limitaciones

Beatriz Blázquez Aparicio, periodista de RTVE, explicó cómo se trabaja este tema en esta entidad. Para empezar, expone que, a pesar de que este derecho está reconocido desde los años 80, desde hace poco hay dos convocatorias anuales publicas en la página web de RTVE. Pero, a la vez, aclara que “las peticiones que se reciben no son masivas y hay pocas reclamaciones”. En RTVE el cumplimiento del derecho de acceso se realiza a partir de encajar peticiones de asociaciones en programas informativos, culturales y sociales que ya existen en la programación.

Asimismo, Pedro Soler apunta que el “desarrollo del derecho de acceso tiene muchas deficiencias”. La primera es la falta de demanda y, en este punto, se pregunta si la publicidad que se hace sobre el derecho de acceso es suficiente. Pedro Soler duda de si la gente sabe qué es el derecho de acceso y aprovecha la jornada para recordar que hay dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho de acceso directo que, por su relevancia informativa, se incluye en los diferentes medios de comunicación y su elaboración está supervisada por los equipos profesionales para garantizar así el cumplimiento con los estándares de estilo de la cadena. Y, por la otra, el derecho de acceso que es inexistente. Se refiere de esta forma irónica al acceso otorgado a colectivos representativos para que realicen sus contenidos y estos se puedan emitir con cierta relevancia dentro de un buen horario. Y este tipo de acceso, por desgracia, todavía está por ver, se lamenta Soler.

Se debe apostar por el acceso proactivo en entornos digitales

Bethlem Boronat Clavijo, doctora en Periodismo y docente en EAE Business School, ha investigado sobre el derecho de acceso en diferentes países europeos, como Italia, Francia o Portugal. Para ella, “el derecho al acceso está infrautilizado a la vez que es fundamental para aportar diversidad a los contenidos de los medios de comunicación públicos y para vertebrar el diálogo en la esfera social”.

Según Boronat, la dimensión de la organización y su estructura interna no es proporcional al impacto y al alcance que pueda tener. Para ella, “el derecho de acceso, como está planteado a día de hoy, no tiene en cuenta la realidad de las organizaciones ni la capacidad de gestionar un proceso administrativo relativamente complejo. Además, aunque esté anunciado, está escondido en las webs y se debe buscar mucho pues no se encuentra a primera vista”.

Los medios de comunicación públicos ya no son la televisión ni la radio, ni son minutos, ni son antena. La antena no es marginal, pero va de camino. “Hay muchos espacios que son infinitos, como la web, donde el espacio es mayor y donde las organizaciones pueden aplicar el derecho de acceso”, explica. La doctora en Periodismo insiste de esta manera en que el derecho de acceso debe darse en lugares digitales, más fáciles de compartir y de producir.

Estamos al inicio del camino, pero se debe reconocer el tejido social más allá de los partidos políticos y sindicatos, que tienen sus gabinetes de prensa. Ahora, además, también se debe tener en cuenta el derecho de acceso proactivo desde los mismos medios de comunicación. A raíz de esta idea, Boronat defiende que “se debe educar a la hora de escoger fuentes”, pero también afirma que se debe entender “que la sociedad civil tiene credibilidad y capacidad, y que no se debe recurrir siempre a las mismas voces buscando diversidad y pluralidad”.

Potenciar el protagonismo de la sociedad civil

Hugo Aznar Gómez, catedrático de Ética Pública y de la Comunicación en CEU-Universidad Cardenal Herrera, vincula el derecho de acceso con un derecho más amplio que es el derecho de participación. “El problema de las televisiones públicas en España es su lastre histórico de ser muy gubernamentales y de estar muy politizadas. Venimos de una historia donde la sociedad civil ha sido excluida de todos los lugares”, recuerda. Y, en este sentido, “el derecho de acceso forma parte de una revolución cultural que debe ir a un derecho de participación más amplio, que se debería hacer efectivo ya de entrada en los consejos de administración con la integración de representantes de la sociedad civil y no, con el típico reparto politizado”, remarca.

En definitiva, Aznar reclama “una presencia mayor de la sociedad civil en las televisiones (…) Como fuentes, porque siempre se va a las mismas, principalmente de tipo político”. Aznar constata que “hay una ausencia de la sociedad civil como protagonista”.

Para él, un déficit histórico es la ausencia de un Consejo Audiovisual; este debería ser el gran mecanismo de articulación de esta revolución general de la sociedad civil. Pero Aznar también alerta de los problemas derivados de las rutinas productivas. Además del problema de esta politización general de las cadenas públicas, Aznar considera que estas rutinas les hacen ir siempre a las mismas fuentes.

De hecho, según Aznar, el fenómeno digital se explica, en parte, por la presencia de la sociedad civil y su uso de las redes sociales. A pesar de que no todo son bondades en la red, la ciudadanía responde así. Por tanto, de alguna manera se hace evidente que “se deben articular mecanismos para facilitar la presencia de la sociedad civil y las nuevas tecnologías lo permiten tanto por su presencia como por el uso de los contenidos” explica.  Pero, según Aznar, falta “más valentía entre los profesionales”, a pesar de que, según su opinión, los programas donde ha participado la sociedad civil han sido un éxito.

Aznar, que también está de acuerdo con el desconocimiento generalizado de este derecho, pide que se debe ser más paciente. Pero también apunta una idea muy interesante: plantea la posibilidad de explorar un nuevo nicho de mercado. Se trataría de crear la conexión entre las organizaciones civiles y los medios de comunicación, y permitir así la circulación de los contenidos.

Los ciudadanos ignoran sus derechos

Javier Marzal Felici, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I, aprovecha para explicar el contenido del informe de la Unión Europea de 2020. Este documento recoge experiencias de participación ciudadana, experiencias relacionas con la puesta en práctica del que es el derecho de acceso a unos niveles que aquí desconocemos porque esta actividad destaca sobre todo al norte Europa, en países como Holanda, Bélgica, Dinamarca o Suecia, ya sea en el campo de la información como del entretenimiento.

Marzal muestra abiertamente su malestar: “estamos en una situación muy preocupante en lo que se refiere al ejercicio del derecho al acceso, que está relacionado con el nivel de desarrollo de la sociedad civil y de la democracia”. Marzal comparte la idea de que es un derecho desconocido: “tenemos un problema muy grave”. “La sensación que tenemos después de estos últimos 43 años, es que no hemos avanzado mucho. Yo no diría que no se ha hecho nada, pero la evolución no ha sido lineal sino más bien un movimiento circular”, se lamenta Marzal. Y, al igual que Aznar, también cree que el proceso futuro será lento.

La educación mediática, una solución

Para Marzal, se debe “luchar contra esta sociedad anestesiada, donde tenemos partidos políticos que parece que legislen contra el derecho al acceso”. Pero, “en España solo hay tres Consejos Audiovisuales y no tenemos ninguno estatal”, explica Marzal.

En este contexto, el catedrático de la Universidad Jaume I piensa que “es fundamental apostar de forma decidida por la educación mediática en el sistema educativo. Reglarlo, pero también a través de la educación no formal. Es importante invertir en la formación de la ciudadanía con el fin de que esta entienda y sea consciente de los derechos que tiene. La educación mediática es la herramienta fundamental. En los países europeos más desarrollados hace tiempo que lo tienen claro”. Pero, según Marzal, “aquí estamos en una reforma educativa que parece que va en dirección contraria, donde se ha eliminado asignaturas en Bachillerato relacionadas con la comunicación y el conocimiento de la cultura audiovisual”.

Maria Lamuedra Gravan, profesora titular de Periodismo en la Universidad de Sevilla, apunta la necesidad de relacionar el derecho del acceso con la información y la educación mediática. “Estamos en un momento en que no es que el sistema actual beneficie el derecho al acceso, pero sí nos hace ver su enorme necesidad. Las características del sistema mediático ahora son la polarización y la fragmentación del espacio público, lo que hace muy difícil que los medios de comunicación puedan cumplir con su función de representatividad”. ¿Quién puede o quién debe hacer alguna cosa al respeto? Para Lamuedra, la respuesta es clara: los medios públicos.

Enlace del encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=ysMw9_CP0HQ&t=6s

Imagen de la entrada de Gerd Altmann en Pixabay