Saúl López Noriega

La decisión de las plataformas de internet de cerrar las cuentas de Donald Trump desató un torbellino que no cesa. Después de pronunciar un infame discurso, el pasado 6 de enero, en el que incitó a sus militantes a la toma del Capitolio, las principales redes sociales suspendieron las cuentas del entonces presidente estadunidense; a los pocos días, las cancelaron de manera definitiva. Twitter recién aseguró que esta decisión es irreversible inclusive si Trump volviese a competir por la presidencia en 2024.1

Aun en ese escenario, el presidente de aquel país contó con una considerable batería de recursos: conferencias de prensa, entrevistas, exposición en cadena nacional. Sin embargo, Trump quedó expulsado de la esfera digital, esa arena de comunicación clave que usó como trampolín político a la presidencia de su país y como trinchera para apuntalar su autoritario estilo de gobernar. Perdió, pues, uno de los principales sustratos de su poder: la posibilidad de comunicarse, libre de cualquier mediación, con sus simpatizantes; así como la oportunidad de hilvanar, sin edición alguna, su extremista y pendenciera narrativa política.

En respuesta, la discusión académica, que se viene dando desde hace varios años en diferentes puntos del planeta, sobre si es necesario regular las redes sociales se azuzó todavía más. ¿Se trató, en efecto, de un acto de censura? ¿Por qué cancelar sus cuentas una vez que perdió la reelección, si desde la campaña de 2016 los mensajes de Trump en redes sociales violaban las reglas de la mayoría de éstas? ¿Por qué no cerrar también las cuentas de redes sociales de otros gobernantes que atacan a la disidencia y a los periodistas de sus países, tales como el primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte?

La consecuencia más relevante de este evento es que la evidencia del enorme poder de las plataformas de internet para moldear las conversaciones de las personas sobre sus temas de interés, sobre las noticias registradas por los medios de comunicación tradicionales y sobre los mensajes directos de sus gobernantes, salió de la capilla de los especialistas para situarse en el centro del debate público y, en este sentido, en las agendas de diversos mandatarios alrededor del mundo. Angela Merkel consideró que se trataba de una decisión de menos problemática; mientras que López Obrador, si bien condenó el uso de las redes sociales para incitar a la violencia, apuntó que se trataba de una afrenta a la libertad de expresión, un flagrante acto de censura.2

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