NATALIA VELILLA

No podemos dejar que una empresa extranjera con capital privado decida qué se puede decir y qué no. Debemos crear mecanismos administrativos de regulación ágiles del contenido en las redes

Pareciera como si las fake news y la difusión de bulos no tuvieran solución. Cada vez que hay una polémica importante, miles de cuentas polarizan la opinión y obligan a cualquiera que deba manifestarse a posicionarse a favor o en contra, sin grises y sin matices, de forma inmediata, radical e inamovible. Nos hemos convertido en meros soldados de la desinformación.

Con la guerra de Ucrania esto es aún más evidente: el pretendido veto a los medios rusos, los bulos que circulan por WhatsApp difundiendo imágenes correspondientes a otros conflictos armados o la suspensión de cuentas que suben determinadas imágenes, demuestran varias cosas. La primera, que la guerra no es sólo física, sino que también se libra en el terreno de la información. La segunda, que hemos normalizado que una empresa extranjera con capital social privado decida qué se puede y qué no se puede transmitir. La tercera, que estamos encantados con la infantilización a la que voluntariamente nos sometemos.

Entiendo que no es sencillo lidiar con tamaña sarta de falsedades, algunas verdaderamente malintencionadas y bien construidas, pero deberíamos pararnos a pensar en si es buena idea que se regule a nivel europeo una carta de derechos digitales y una normativa específica por la que las grandes plataformas sociales asuman un mayor grado de responsabilidad en el contenido que albergan y difunden. Si bien intuitivamente pudiera ser buena idea que las redes sociales respondan de lo que en ellas se publica, dicha decisión convierte a aquellas en verdaderas gestoras de nuestro derecho a la información y, sobre todo, de nuestra libertad de expresión. Porque libertad de expresión, como dije en un artículo anterior, no es decir cosas interesantes y veraces, sino que engloba hacer propaganda, mentir y decir idioteces. Sería un error asimilar la responsabilidad de los directores de los medios informativos con la de los administradores de redes sociales por razones obvias, ya que estas no son unos medios de comunicación con línea editorial, sino unos prestadores de servicios de la sociedad de la información.

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