Un juez ordena a Chile indemnizar con 520 millones de euros a los propietarios del diario chileno El Clarín, confiscado por Pinochet

Pere Rusiñol

El titular del juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, ha emitido una resolución que ordena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros) a los propietarios españoles del diario El Clarínconfiscado por el dictador Augusto Pinochet el mismo día en que dio el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, antes incluso de dirigir los tanques hacia La Moneda, sede del Gobierno chileno que en aquel momento presidía el socialista Salvador Allende. Los activos del periódico en Chile siguen ocupados por los militares casi medio siglo después.

El diario era, en aquel momento, el de mayor patrimonio y ventas del país -más de 250.000 ejemplares diarios- y con una línea democrática, comprado en 1972 por el empresario Víctor Pey, republicano español exiliado en Chile que falleció en 2018 a los 103 años. Los actuales propietarios de las acciones de las empresas editoras son la Fundación Española Presidente Allende, con un 90%, y la hija de Pey, Coral Pey Grebe (10%). Actualmente, El Clarín se edita únicamente en formato digital.

El juzgado 101 de Madrid, que históricamente estuvo especializado en materias de arbitraje, es el mismo que en 2013 ejecutó las costas que impuso este mismo laudo a Chile: más de tres millones de dólares, que el Estado ya abonó. La nueva resolución continúa ahora la ejecución de otras disposiciones del mismo laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, tras más de una década de intentos por parte de Chile de impedir que se pudiera materializar la obligación de indemnizar a los inversores españoles que ordena el laudo de 2008.

El CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de El Clarín tienen el derecho a ser compensados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer” y que su inversión de 1972 está bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. Este derecho tiene autoridad de “cosa juzgada” desde 2008 en los 155 países que han ratificado el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile.

Seguir leyendo: elDiario.es

Imagen: Agrupación Winnipeg

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad