Alvin Toffler escribió hace varios años que, en definitiva, las comunicaciones son ante todo «un acto social». Días atrás, un tribunal de Francia dio lugar al reclamo entablado por un medio periodístico contra Google por el reclamo en la indexación de las noticias y su difusión por parte del buscador.
Es un fallo que anticipa una batalla que se librará seguramente en otros tribunales del mundo. Por un lado, los medios tradicionales, tanto gráficos como televisivos, reclaman por la utilización del contenido generado y producido por ellos frente a los «buscadores», que sin pagar ni solicitar permiso alguno los usan para editarlos o distribuirlos por sus plataformas.
¿Cuál es el núcleo del problema? Por un lado tenemos a los medios con altos costos estructurales y logísticos, a los que se le suman los regulatorios y las obligaciones inherentes a sus licencias. Estos son generadores de contenidos que, al subirlos a Internet, son tomados por los buscadores, editando en algunos casos, sintetizándolos y distribuyéndolos a costo cero para los titulares de los mismos.
No hay pago por derecho de autor, ni reconocimiento de propiedad intelectual. Por el otro lado, la distribución que hacen los buscadores aumenta la llegada de esas noticias a lectores en una magnitud que beneficia el tráfico y alcance de la circulación.
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