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La labor de todos los periodistas puede verse comprometida si el Reino Unido autoriza la extradición de Assange a EE UU
Esta es una época de incertidumbre, muy propicia a relatos sesgados y formidables manipulaciones: aumenta la tensión con Rusia respecto a Lituania, un país miembro de la Alianza Atlántica; sube la inflación, existe un eventual riesgo de escasez energética en otoño, la guerra en Ucrania cumple ya cuatro meses… Todos estos escenarios exigen información verificable y libre, pero, lamentablemente, los periodistas que realizan ese trabajo profesional corren estos días un gravísimo peligro: su labor puede verse comprometida en su esencia si la justicia británica autoriza finalmente la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el creador de Wikileaks, y si se califica su trabajo de espionaje y no de periodismo.
Los lectores de El País han visto en estas páginas decenas, centenares de informaciones, importantes y verificadas, que fueron puestas al alcance de este periódico (como de Le Monde, Der Spiegel, The New York Times o The Guardian) gracias a Assange. Trataban sobre las guerras de Afganistán y de Irak, fundamentalmente sobre abusos concretos a los que había sido sometida población civil y que provocaron miles de muertos inocentes, y sobre los cables diplomáticos intercambiados por embajadas de Estados Unidos en todo el mundo y el Departamento de Estado. Todas esas informaciones, todos esos cables fueron revisados una y otra vez para impedir que ni uno solo de ellos contuviera información que pudiera poner en peligro la vida de una sola persona. Y la Fiscalía de Estados Unidos no ha sido capaz de presentar ningún caso concreto en el que la vida de un norteamericano o de un socio suyo corriera peligro por las informaciones difundidas por Wikileaks y publicadas en estos periódicos.
Si algo quedó claro en las decenas de miles de cables leídos por los periodistas que trabajaron con Assange fue que se calificaba de “secreto de Estado” a centenares de miles de documentos, comunicaciones y papeles que no tenían nada que ver con la seguridad del Estado. El secreto de Estado, recordaba el catedrático Marc Carrillo, tiene que ser una excepción, no una regla. No se puede calificar así a informaciones de interés público que autoridades y poderes simplemente no quieren que se conozcan porque comprometen su reputación, sus intereses electorales o empresariales o incluso sus puestos de trabajo.
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