Luego del triunfo electoral de Donald Trump en 2016 y del escándalo de Cambridge Analytica en 2017 —vinculado a la filtración y comercialización de datos de usuarios de Meta durante dichas elecciones—, se volvió más evidente el impacto de las redes sociales en el funcionamiento de la democracia. Su modelo de negocio basado en el uso de datos (Snircek 2018; Gillespie 2017) y su rol editorial sobre los contenidos generados por terceros (Napoli y Caplan, 2017) se combinan en un contexto signado por una profunda crisis del capitalismo, el creciente cuestionamiento a la noción de verdad y a los consensos normativos sobre derechos humanos, sobre ciencia y otros temas, así como por la consolidación de discursos de incorrección política (Segura, 2022). Estos factores han contribuido a la crisis del paradigma de la comunicación que conocimos en el siglo XX. De hecho, se está configurando una nueva estructura de mediación social en torno a Internet y las plataformas, que favorece una organización cultural funcional a las demandas actuales del sistema, un mayor control transnacional de la circulación de la información, además de diversos mecanismos de vigilancia, control y manipulación (Martins y Bolaño, 2025).
En América Latina, esta crisis del sistema de comunicación se asienta en una serie de antiguos y nuevos problemas económicos, políticos y comunicacionales, entre otros. En el plano económico, la región es una de las más desiguales (Benza y Kessler, 2020). A nivel político, se asiste a una reacción conservadora de ultraderecha que se expresa en los triunfos electorales de Bolsonaro en Brasil (2018), Bukele en El Salvador (2019), Milei en Argentina (2023), Noboa en Ecuador (2025) junto a las candidaturas de José Antonio Kast en Chile, Rafael López Aliaga en Perú y Guido Manini Ríos en Uruguay. El rasgo en común en este movimiento es la relación conflictiva con la democracia que se expresa en los cuestionamientos a la división de poderes y la validez de los procesos electorales, el pluralismo, los derechos humanos y la libertad de prensa (Prior, 2021; Rovira Kaltwasser, 2023).
Mientras que los gobiernos progresistas que ejercieron el poder a inicios del siglo XXI impulsaron importantes reformas normativas que buscaron transformar la estructura del sistema mediático con el objetivo de democratizar el espacio de las comunicaciones (Waisbord, 2013; De Morais, 2011; Kitzberger, 2012), los gobiernos de derecha radical combinan una retórica confrontativa con políticas de comunicación pro-mercado. Estas políticas favorecen especialmente a las plataformas digitales estadounidenses, como Meta, X, Google y Amazon. Es el caso, por ejemplo, de la alineación de la extrema derecha y dichos grupos en la lucha contra posibles regulaciones.
Las redes digitales plantean un esquema supuestamente sin centro: la esfera pública se desintegra en espacios privados, prevalece un discurso propagandístico (Bastos, Souza y Fusaro, 2023) cuya circulación está ampliamente controlada por unas pocas plataformas digitales y sus lógicas algorítmicas y de visibilidad condicionada al pago (Martins, Jardim y Bragatto, 2024).
Además, su funcionamiento se sustenta en una visión maximalista de la libertad de expresión que identifica al “mercado de ideas” como su principio rector y genera las condiciones propicias para la circulación de desinformación y discursos de odio en redes a una escala masiva. Así, pone en crisis el ejercicio de otros derechos fundamentales que sentaron las bases del funcionamiento democrático (Becerra y Waisbord, 2021).
En un primer momento, los debates se centraron en el problema de la responsabilidad de los llamados intermediarios- que sigue teniendo suma importancia, tal como ilustra el caso de Brasil con la decisión del Tribunal Supremo que cambió el sentido del Marco Civil de Internet-. Más recientemente, se discute además en la región cómo abordar el rol de las plataformas digitales en el debate público y la necesidad de brindar mayor transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y a los poderes públicos en la implementación de sus normas internas sobre la moderación y curación de contenidos. Sin embargo, no hay consenso sobre cuál es la mejor alternativa para avanzar sobre esos aspectos (Bizberge y Mastrini, 2021). Esto, a su vez, ha impulsado debates sobre la soberanía y el papel de las tecnologías en el desarrollo de los países.
Luego de un proceso de varios años de diálogo con múltiples actores, UNESCO (2023) y la RELE-CIDH (2024) publicaron dos documentos plantean directrices sobre el problema de la gobernanza de plataformas y la moderación privada de contenidos que estén alineadas con los derechos humanos. En ambos textos, los contextos electorales tienen un lugar destacado.
Por el contrario, las plataformas tienen reglas privadas de moderación cada vez más laxas (y opacas) sobre contenidos políticos. El camino emprendido por X y, más recientemente, seguido por Meta al reemplazar la moderación por notas de la comunidad, constituye un ejemplo de esa tendencia.
Ante el explícito apoyo de las plataformas a gobiernos de extrema derecha, como en el caso de Estados Unidos, la agenda de investigación y propuestas sobre plataformas debe revisarse. Esto es particularmente importante en América Latina, teniendo en cuenta que entre 2025 y 2026 se celebrarán importantes elecciones en países como Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Brasil y Colombia.
A partir de lo dicho , este número de la revista Conexión se propone indagar sobre la relación entre el rol de las plataformas, la democracia y los procesos electorales en América Latina desde diversos enfoques como la economía política de la comunicación, las políticas de comunicación, la comunicación política, el análisis de redes, así como desde la intersección entre estudios de comunicación y sociología, ciencia política o administración pública, entre otras áreas.
A partir de análisis particulares o comparativos de regulaciones y experiencias de procesos políticos de la región, se proponen los siguientes temas a modo orientativo:
- Transformaciones sistémicas y en las comunicaciones y su relación con la crisis actual;
- Reglas sobre el uso de las plataformas en las elecciones;
- Influencia de las plataformas digitales en procesos electorales recientes;
- Plataformas digitales como actores políticos;
- Transparencia algorítmica y gobernanza de plataformas en contextos electorales;
- Estrategias de comunicación de movimientos sociales, partidos, candidatos o gobiernos en las redes digitales;
- Desinformación, fake news y discursos de odio en redes durante procesos electorales;
- Publicidad política digital: financiación, segmentación, opacidad y fiscalización;
- Movilización virtual y procesos algorítmicos;
- Nuevos actores del ecosistema político-comunicacional: influencers, streamers, proyectos editoriales alternativos;
- Políticas y prácticas de moderación de plataformas;
- Rol de la sociedad civil: activismo por y en contra de derechos digitales;
- El fact-checking como mecanismo de moderación: alcances, limitaciones y disputas en contextos electorales;
- Medios, plataformas y políticos en la disputa por la agenda electoral;
- Transformaciones del periodismo político en la era de las plataformas.
Esta lista no limita la posibilidad de plantear otras propuestas enmarcadas en el tema de democracia, plataformas y elecciones en América Latina.
