Su nombre es SyRI y corresponde a System Risk Indication. Se trata de una herramienta digital diseñada para detectar el fraude en el uso de prestaciones sociales en Holanda. Información personal registrada en distintas unidades administrativas se combina para determinar el riesgo de cometer irregularidades para individuos que viven en barrios de baja renta y alta complejidad social. Hace algo más de un año, una coalición de grupos de defensa de los derechos humanos, a la que se sumó Philip Aston, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema, de visita estos días por nuestro país, acudieron a la justicia para denunciar la múltiple vulneración de derechos del Estado holandés en esta nueva modalidad de espionaje social 3.0. El 5 de febrero, en una sentencia sin precedentes, el tribunal que lleva más de un año estudiando el caso, ordenó la paralización inmediata de SyRI por vulnerar los derechos humanos de las personas sometidas a vigilancia sin consentimiento ni sospecha previa.
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