La geopolítica de los papers

 

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 Alejandro Salamanca

El 6 de enero de 2011, la policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) arrestó a Aaron Swartz. Este programador y activista de veinticuatro años era conocido por haber desarrollado el formato RSS, para distribuir contenido en la web, y por haber impulsado RedditCreative Commons y la iniciativa Demand Progress por un internet abierto. Se le acusaba de haber descargado irregularmente millones de PDF de la plataforma JSTOR, un repositorio académico accesible desde los servidores de la institución. 

No era la primera vez que Swartz tenía problemas con las autoridades por obtener información de internet. El FBI le había investigado en 2008 por descargar el 20% de la base de datos legal PACER. La página cobra por el acceso a sus documentos, pero había ofrecido sus fondos gratis en varias bibliotecas. Swartz aprovechó para descargar junto a un amigo unos 760 gigas de material. Más de un millón de páginas que donó al proyecto Law Resource, que trata de hacer accesible la documentación legal estadounidense.

El incidente acabó sin que el FBI presentara cargos, a pesar del estrés al que sometió a Swartz y su familia, pues el acceso a PACER no había sido ilegal. Por el contrario, la operación del MIT acabó con una demanda del juzgado del distrito de Massachusetts en julio de 2011, que acusaba a Swartz de fraude informático y electrónico y robo de información. Según la fiscal, Swartz había aprovechado la red abierta que ofrece el MIT a sus visitantes para hackear JSTOR y los servidores del instituto, lo que le podía llevar a enfrentar hasta 35 años de cárcel y más de un millón de dólares en multas.

JSTOR declinó ser parte de la demanda, pues había resuelto la disputa inicial con Swartz meses atrás, cuando este se había comprometido a devolver la información sustraída. La acusación tampoco parecía muy sólida: Swartz se había conectado a la red pública del MIT y escribió un programa para automatizar las descargas, algo que no violaba los términos y condiciones de JSTOR. Ni siquiera había borrado sus huellas: siempre se conectaba desde el mismo lugar, lo que permitió que fuera descubierto por una cámara de seguridad. No esperaba que el MIT actuase contra él al no considerar que estuviera haciendo nada malo.

Swartz había firmado en 2008 el influyente Guerrilla Open Access Manifesto, o Manifiesto de la Guerrilla por el Acceso Abierto, junto con otros activistas digitales. Este documento animaba a los internautas con acceso a repositorios académicos a descargar, archivar y compartir la mayor cantidad posible de material. Consecuente con sus ideas, Swartz se negó a llegar a un acuerdo con la fiscal y se declaró inocente. “No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública”, reza el documento.

Sin embargo, dos años después de su arresto, pocas semanas antes de su juicio y dos días después de que la fiscal rechazase un acuerdo que evitaría la pena de cárcel, Aaron Swartz se suicidó. El estrés y la incertidumbre causados por casi dos años de proceso legal, los apuros financieros derivados y la convalecencia de su madre enferma acabaron siendo demasiado. Cientos de usuarios de internet expresaron sus condolencias y su dolor ante lo que consideraban una muerte inducida por la dureza del sistema judicial estadounidense, que persiguió un supuesto delito informático por el cual Swartz ni siquiera se lucraba.

Swartz, hasta entonces solo conocido en los círculos de ciberactivistas estadounidenses, se hizo famoso en el mundo entero. Decenas de miles de personas leyeron su historia y compartieron indignadas su manifiesto, que se viralizó. En señal de protesta, el grupo Anonymous hackeó los servidores del MIT, mientras cientos de investigadores, doctorandos y profesores universitarios subían a la web miles de PDF de artículos académicos para expresar su duelo y su solidaridad. Swartz se convirtió en un héroe y el primer mártir del acceso abierto, y su muerte contribuyó a abrir el debate sobre lo inaccesible del conocimiento científico y el millonario negocio detrás el sistema de publicaciones académicas.

La geopolítica de los papers

Filosofía, medicina, biología, matemáticas, física, historia… Casi todas las disciplinas académicas comparten estándares para publicar sus investigaciones. El formato principal son los artículos o papers en revistas académicas, además de libros y presentaciones en conferencias. Las revistas se especializan en campos o subdisciplinas, pero también las hay más generales como la prestigiosa Science. En todo caso, las distingue su publicación entre una y cuatro veces al año y su proceso de selección y revisión por pares como garantía de calidad. Suelen contener artículos recientes, reseñas bibliográficas y notas críticas. Son, al final, el medio de comunicación entre investigadores para estar al día de novedades y debates.

Las revistas académicas tienen cuatro funciones. Primero, publican investigaciones con la autoría formal de sus datos, ideas y argumentos. La segunda es divulgar la información al público objetivo: académicos, especialistas y estudiantes. Eso implica que la revista debe ser accesible en bibliotecas e indexada en repositorios como JSTOR. Además, las publicaciones ofrecen reseñas, ensayos bibliográficos e intercambios entre autores para guiar a sus lectores. En tercer lugar, ofrecen un control de calidad, con especialistas a menudo externos para revisar los artículos y recomendar cambios o si se debe publicar o no. Por último, las revistas sirven de archivo, ya que preservan una versión del artículo que puede ser consultada y citada mediante una referencia formal, un número DOI o la inclusión en índices académicos.

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