PABLO GUIMÓN

Es una queja histórica de las empresas informativas: Google y Facebook llevan años beneficiándose de poder empaquetar y ofrecer enlaces a piezas de periodismo producidas por otras compañías y, mientras tanto, han levantado un duopolio en la publicidad digital, que arrebata los ingresos a esas otras compañías, destrozando la economía del periodismo y dando lugar a miles de despidos en el sector.

El debate ha saltado a la actualidad después de que el Gobierno australiano presentara un proyecto de ley que busca que Facebook y Google compartan sus beneficios con las compañías de medios locales. La legislación, que se espera sea aprobada por el Parlamento en las próximas semanas, exige a las compañías tecnológicas pagar por las noticias que ofrecen en sus plataformas. Las invita a firmar acuerdos individuales con los medios y, si no los alcanzan, obliga a acudir a un mecanismo de arbitraje. Las dos compañías tecnológicas, argumentan los promotores de la iniciativa, se benefician de ofrecer información de calidad. Cuanto más contenido informativo de calidad hay en sus plataformas y cuanto más lo promuevan, menos espacio habrá en ellas para la desinformación y las teorías conspiratorias que minan su reputación en todo el mundo.

La iniciativa australiana ofrece un patrón a estudiar por los países que están planteándose hasta dónde pueden intervenir en el equilibrio entre el poder de Silicon Valley y la soberanía de los parlamentos. Ha elevado el debate sobre la regulación de las grandes tecnológicas a un nuevo nivel, y ha abierto profundas grietas en el sector de Internet. Las dos principales compañías tecnológicas afectadas, Google y Facebook, lucharon con fuerza para combatir la legislación, pero el Gobierno australiano se mantuvo firme. Cuando la legislación ya se convirtió en inevitable, los dos gigantes reaccionaron de maneras opuestas.

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