ERIC SADIN
Estamos en una época en la que la inteligencia artificial es omnipresente. No se habla de otra cosa y no hay un día en el que no se haga algún anuncio espectacular. En los últimos 10 años, estas tecnologías cada vez más sofisticadas han sacudido muchos ámbitos de nuestra vida y todo indica que lo harán todavía más en el futuro. Y la sociedad empieza a protestar por tanta perturbación.
De manera que, en un periodo ya de por sí muy turbulento, y como ocurre con muchos asuntos delicados, los gobiernos quieren dar la impresión de que controlan la situación y no están desbordados por los acontecimientos. En este sentido, en la mayoría de las democracias liberales existe un reflejo institucional: en cuanto se manifiesta algún foco de efervescencia, se crea un comité ad hoc.
Con el prerrequisito sistemático —especialmente en relación con la IA— de que los principales criterios de evaluación son los factores económicos y la religión del crecimiento. Además, los políticos están convencidos de que los que están en el corazón de la máquina —empezando por los empresarios y los ingenieros— son los que mejor conocen las conclusiones de todos estos avances.
Sin embargo, ese es un grave error, porque esas personas transmiten una visión determinada del mundo —basada en la hipótesis de que los seres humanos son imperfectos desde el principio y unos sistemas cada vez más omniscientes van a “mejorarlos”— al tiempo que defienden intereses privados.
Eso es lo que hacen en Francia los miembros de la comisión sobre IA que presentó hace unos meses su informe al presidente, Emmanuel Macron; entre ellos estaban Yann LeCun, científico jefe de IA en Meta; Joëlle Barral, directora científica de Google, y Arthur Mensch, fundador de Mistral AI.
Es extraordinario que, a la hora de orientar las políticas nacionales y las inversiones públicas en estos ámbitos, dejemos que unas personas que son a la vez juez y parte no solo nos iluminen, sino que además nos hagan recomendaciones. Esta es una confusión de categorías que, en una República, y desde el punto de vista jurídico, es sencillamente un conflicto de intereses.
Seguir leyendo: El País
Imagen de Mediamodifier en Pixabay
