El 23 de junio de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional del Servicio Público. Este recordatorio se vuelve fundamental -sino paradójico- en el contexto actual de desmantelamiento de la radiodifusión pública en el sur de Europa. El caso de Grecia ha saltado a la agenda internacional por el abrupto cese de este servicio. Y otros casos, como el español, no dejan de ser menos alarmantes si se atiende a las lógicas de externalización y regubernamentalización a las que se ha sometido en los últimos años a la radiodifusión pública.
La Directora del Observatorio de Políticas de Comunicación del Instituto de la Comunicación (OPC InCom-UAB), Isabel Fernández examina y reflexiona sobre los recortes de presupuestos y la tendencia a la privatización de los medios públicos en España.
Isabel Fernández Alonso. Observatorio de Políticas de Comunicación InCom-UAB. La crisis económica que padecemos se ha convertido en la coartada perfecta para recortar derechos sociales y entregar, a precio de saldo, la gestión de abundantes proyectos públicos a empresas afines al gobierno de turno cuyas conexiones con los responsables del colapso del sistema financiero (las propias entidades bancarias, fondos de inversión y similares) son más que evidentes.
Se insiste machaconamente en que la asfixiante deuda pública es en gran medida el resultado de una mala gestión, y eso después de que los estados hayan tenido que ir en auxilio de los verdaderos culpables de ese colapso (gestores privados, ¡no lo olvidemos!) y hayan tenido que cargar con los tremendos costes derivados del creciente desempleo que ha generado.
En este contexto, los diferentes gobiernos españoles (estatal y autonómicos) están realizando recortes muy bruscos en las subvenciones a múltiples sectores, entre los que se cuentan los medios de servicio público. Estos recortes se aplican, además, en un momento en que, debido a la presión de las televisiones comerciales, TVE no emite publicidad desde 2010, mientras que los ingresos por este concepto han descendido considerablemente en los operadores públicos regionales (y también en los canales privados, que contribuyen con una tasa sobre sus ingresos brutos de explotación a compensar la supresión de la publicidad de la televisión pública nacional).
Particularmente llamativo es lo que está sucediendo con las corporaciones audiovisuales públicas de Madrid y de la Comunidad Valenciana, dos territorios que son la avanzadilla en el proceso de privatización de la gestión de la sanidad pública. En ambos casos, y siempre aduciendo la inviabilidad económica de las empresas, se han puesto en marcha dos expedientes de regulación de empleo que afectan aproximadamente a las tres cuartas partes de la plantilla, con la intención de proceder, inmediatamente después, a la externalización de la gestión.
La externalización es una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de los años 2000 en las radiotelevisiones públicas autonómicas y que ha beneficiado fundamentalmente a dos productoras: Secuoya y Vértice 360, que cuentan en sus consejos de administración con conocidos ex altos cargos del Partido Popular como Miguel Ángel Rodríguez, en el primer caso, y Josep Piqué, en el segundo. Ilegal en el marco de la Ley del Tercer Canal de 1983 (aunque la praxis pareciera indicar lo contrario), la externalización fue autorizada en buena medida por la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 y totalmente, por iniciativa del actual Ejecutivo español, mediante la Ley 6/2012, que incluso establece que “las Comunidades Autónomas podrán acordar transformar la gestión directa del servicio [público de comunicación audiovisual] en gestión indirecta, mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora”…
Junto al debilitamiento por los recortes en las subvenciones públicas y por la reducción de los ingresos publicitarios, y la externalización de la gestión (que, de facto, deja a los operadores públicos a expensas del sector privado), recientemente se ha observado en España una tendencia a la regubernamentalización de los medios de servicio público, que están siendo maniatados desde el poder político, dando así al traste con la esperanza que había generado la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, inspirada en las propuestas del denominado Comité de Sabios. Son muy conocidas las represalias padecidas en RTVE por una serie de profesionales tras la contrarreforma de la mencionada ley, operada en la primavera de 2012. Tan conocidas, que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado recientemente una resolución en la que muestra su preocupación por la injerencia política en las radiotelevisiones públicas de Hungría, Rumanía, Serbia, Ucrania, Italia y España…
No menos grave es lo que sucede en otras radiotelevisiones públicas, tradicionalmente bien valoradas desde diversos sectores, como la catalana, que en 2010 y 2012 vivió dos contrarreformas de la esperanzadora Ley 11/2007, motivadas en gran medida por las ansias de control del consejo de gobierno. Así, actualmente, en pleno proceso de “transición nacional”, completamente alejada del sector de la ciudadanía catalana que no abraza el nacionalismo, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) podría afrontar una nueva reforma legal, con la que se pretendería adecuar la composición de su máximo órgano de gestión a las actuales mayorías del Parlamento. En otras palabras, reconfigurar el consejo de gobierno de la CCMA para que el actual socio de CiU, Esquerra Republicana de Catalunya, pueda tener presencia en el mismo, desbancando así al actual vicepresidente, Armand Querol, designado en 2012 a propuesta del Partido Popular, entonces principal socio convergente, cuando se emprendió la segunda de las mencionadas contrarreformas.
Cabe subrayar que la evidente instrumentalización política de los medios públicos ha sido particularmente sangrante en algunos casos, como Madrid y Valencia, contribuyendo así a frenar una posible oposición ciudadana al desmantelamiento que ahora sufren las radiotelevisiones públicas de estos territorios.
Se advierten, pues, por encima de los significativos recortes presupuestarios, dos preocupantes tendencias: privatización y regubernamentalización de la gestión, motivadas, la primera, por el auge de las políticas neoliberales (que encumbran la gestión privada frente a la pública) y, la segunda, por el dramático rebrote de una tradición marcadamente autoritaria de buena parte del espectro político español, en particular de las fuerzas más conservadoras.
Así las cosas, sin un radical giro en el enfoque de las políticas públicas en su conjunto, que solo se producirá cuando una mayoría social así lo exija, no será posible avanzar en firme hacia un sistema de medios públicos fuerte e independiente. Es inútil analizar esta problemática al margen de las profundas crisis materiales y de mentalidad que padecemos.
Los problemas de los medios de servicio público están identificados y las soluciones son claras: necesitan liberarse de las ataduras del poder y ser dotados de recursos para competir dignamente en un (deseable) mercado mediático plural. Se ha de confiar su gestión (directa, pública) a profesionales cualificados (no a profesionales de la gestión) y se han de establecer mecanismos de control eficaces para que los abusos y errores del pasado no se repitan. Pero no nos engañemos: nada de esto será posible sin un proyecto de sociedad ampliamente compartido que se asiente en la ética, el conocimiento profundo de los fenómenos y la cultura del esfuerzo, hoy eclipsados por enfoques maniqueos y comportamientos clientelares y hedonistas altamente alarmantes.
