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Hasta la década de 1981, los modelos de política de comunicación permanecieron estables y con muy escasas variantes. La conjunción entre la emergencia de un nuevo paradigma político como el neoliberalismo y las profundas transformaciones tecnológicas y económicas derivadas de la digitalización promovieron un dinamismo general en el sector de las políticas de comunicación. También se modificaron las prácticas de consumo, de circulación de información e incluso de ejercicio de las formas de ciudadanía a partir de estos procesos y de la expansión de las nuevas tecnologías, en particular, del crecimiento exponencial de Internet.
La convergencia tecnológica, sumada a la liberalización de los mercados de comunicación y a la circulación abundante de información, demandan una conceptualización diferente de política de comunicación.
Como resultado del trabajo colectivo de la cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, este libro se propone realizar un análisis transversal de los diferentes problemas que afectan al campo comunicacional a nivel global: ciudadanía comunicacional, servicio público, acceso, gobernanza global, espectro radio-eléctrico, concentración de la propiedad, TDT, Internet y propiedad intelectual. El objetivo consiste en contribuir a delinear los rasgos del actual paradigma de políticas de comunicación.
El principal desafío de las políticas de comunicación democráticas en el siglo XXI pasa por re-preguntarse por la definición de "bien público" en un esquema mundial digital, globalizado y regido por principios economicistas. Esa pregunta conlleva, indefectiblemente, a interrogarse por el rol de los Estados nacionales a la hora de definir políticas de comunicación, en un escenario donde las empresas de telecomunicaciones y organismos internacionales ligados a dicha industria tienen cada vez más injerencia en la definición de políticas. A lo largo del conjunto del libro se sostiene la necesidad de la intervención estatal, pero no por su mera implicación, sino con un rol activo en la defensa de un "bien público" como el comunicacional definido en forma equilibrada por el conjunto de los actores del sistema. En la búsqueda de dicho "bien común", la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil deberían constituir un actor importante.